El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Depósito Legal

Resumen: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Depósito Legal, que busca adaptar su regulación tanto a la realidad del Estado autonómico como a los cambios en el mundo de la edición con la aparición de nuevos soportes y de los documentos digitales en red.

Entre las principales novedades del texto destaca el nuevo papel que se atribuye al editor, ya que será éste y no el impresor el sujeto obligado a depositar.
Según el Gobierno, el cambio va a significar una "gran mejora de las colecciones custodiadas por los centros", ya que propiciará que los documentos ingresen íntegros, que las publicaciones seriadas no queden faltas de fascículos y que se ingrese todo lo que se edita en España, aun cuando no haya sido producido en su territorio.
Además, permitirá que las colecciones de las bibliotecas autonómicas respondan a su realidad editorial.
Asimismo, con esta aprobación disminuye de cinco a dos el número de ejemplares a depositar, con lo que se reducen las cargas administrativas.
Otro aspecto novedoso de esta ley, que responde a las recomendaciones de la Unión Europea para que los estados miembros adopten iniciativas para la conservación digital del material cultural, es que contempla el depósito de los nuevos soportes de la edición y de los documentos en red.
El depósito legal, inicialmente concebido sólo como una figura de control bibliográfico nacional, ha pasado a configurarse como un servicio público gratuito al sector editorial para suministrarles originales de obras en dominio público, como una garantía del acceso a la información de los ciudadanos y como una pieza del desarrollo económico y social de un país.
La principal razón de ser del depósito legal es la conservación del patrimonio bibliográfico español mediante su depósito en los centros que determinen las administraciones públicas competentes.
En la actualidad, sus funciones y atribuciones son asumidas por la Biblioteca Nacional de España
En este sentido, la transferencia de las competencias de gestión en el ámbito del depósito legal a las Comunidades Autónomas acentúa la necesidad de establecer una regulación que garantice un funcionamiento adecuado, ya que los materiales que ingresan por depósito legal en la Biblioteca Nacional depende de la gestión que del mismo hagan las Comunidades Autónomas.

Fuente: adn.es/cultura